Según como está el patio, en estos momentos tan críticos de la sociedad en nuestro país, esta noticia nos debe de alegrar por ser en este ámbito de la discapacidad pioneros.
Así lo destaca en un artículo de opinión la diplomática de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Eva Mendoza.
Este premio, que es concedido por el Instituto Roosevelt y la Fundación Lantos –dos de las asociaciones más prestigiosas en el mundo de la discapacidad internacional, se llega a conocer en algunos ámbitos como “el Nobel de la Discapacidad” y, según manifiesta Eva Mendoza, ha sido otorgado a España por el impulso de políticas innovadoras y, a veces, inéditas en esta materia.
España es considerada un referente en este sentido, y muchos países, de cualquier lugar del mundo, pero, sobre todo, de Iberoamérica, se vuelven hacia nosotros para conocer mejor cómo aplicamos los derechos de las personas con discapacidad.
Desde la entrada en vigor en España en 2008 de la Convención de la ONU, que fue el primer país occidental en ratificar dicho tratado, se han sucedido numerosas leyes de aplicación de la misma.
Asimismo, España fue el primer Estado en presentar el informe obligatorio ante el Comité de los derechos de las personas con discapacidad, que se encarga de verificar si los Estados cumplen con sus obligaciones jurídicas en esta materia y realizan recomendaciones para mejorar su cumplimiento; y fue el segundo Estado que fue sometido a examen por este Comité, el cual llamó la atención sobre muchas cuestiones que aún deben mejorarse.
A pesar de los avances que aún son “necesarios”, se añade que: “somos uno de los países modelo” dado el desarrollo de nuestras políticas en materia de discapacidad. En este sentido, “aún resulta desalentador ver como en otros muchos Estados la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad no suscita siquiera el interés de sus más activas organizaciones de derechos humanos”. Queda mucho por hacer.
El día del anuncio de la concesión del Premio Roosevelt fue el 3 de diciembre de 2012 (Día Internacional de las Personas con Discapacidad) y coincidió con la marcha SOS Discapacidad que organizó el CERMI el día anterior, la cual concentró a unas 90.000 personas, que, unidas, reivindicaban la aplicación “efectiva” de los derechos de este colectivo en estos tiempos de crisis.
“La fuerza de este activismo, la capacidad de movilización de estas organizaciones, son las que han permitido mejorar en España las políticas públicas de inclusión a lo largo de los años. si no hubiese sido por la existencia de estas organizaciones, que inspiran el trabajo de las administraciones y de los funcionarios y trabajadores que tienen la suerte de trabajar en estas cuestiones, este reconocimiento internacional no hubiese sido posible”.
“Este premio no es el final de un camino ni una meta superada, sino que es un apoyo más porque hay que seguir trabajando en la aplicación efectiva de los derechos humanos”.
De la mano del CERMI y de otras organizaciones asociadas a éste o no, “las administraciones públicas pueden y deben seguir mejorando cada día las políticas y servicios de apoyo para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”.
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